El chisme es un deporte que se ha mantenido activo desde los comienzos de la humanidad. No podemos negar el placer que nos causa enterarnos de cosas ocultas, secretos, deslices… Aunque hoy se haya vuelto más banal y con más pantalla en TV que las ficciones, el chisme ha sido el medio de información social por excelencia. Estudiado por la antropología y la filosofía, el chisme nos ha mantenido informados sobre historia, sucesos y fama de nuestros congéneres —y más allá.
En términos académicos, “chisme” suele definirse como conversación sobre la vida privada de terceros ausentes, con un componente evaluativo (implícito: “esto está bien / mal”). En inglés: gossip (también tittle-tattle, small talk cuando es más liviano); en francés: commérages, ragots, potins.
Robin Dunbar, antropólogo, psicólogo y biólogo evolucionista británico —quien formuló la teoría conocida como “número de Dunbar”, que propone que 150 humanos es el «límite cognitivo» de relaciones estables— sostiene que el lenguaje humano surgió como una forma de “acicalamiento vocal”: en lugar de quitarnos piojitos como los monos, empezamos a “acicalarnos con palabras”. Ese primer uso de la palabra habría sido, justamente, el chisme.
Entre sus hallazgos, se estima que en conversaciones espontáneas aproximadamente el 60–65 % del tiempo hablamos de temas sociales (quién hizo qué con quién, quién se lleva bien/mal), es decir, chisme.
En grupos grandes, el chisme permite mantener alianzas y saber quién es confiable sin tener que interactuar personalmente con todos.
Yuval Noah Harari, pensador e historiador israelí, retoma a Dunbar en su libro Sapiens: plantea que el chisme fue clave en la “revolución cognitiva”, porque permitió que grupos de Homo sapiens cooperaran en números mucho mayores que otros primates. “El lenguaje de los humanos evolucionó como una forma de chismorreo.
La información más importante que la gente tenía que comunicar no era dónde había leones, sino quién odia a quién, quién está durmiendo con quién, quién es honesto y quién es un tramposo.”
El chisme aparece en todas las culturas estudiadas: aldeas del Pacífico, pueblos africanos, barrios urbanos, etc. Y su función se repite: Mantener informadas a las personas sobre la reputación de otros. Tramitar tensiones y rivalidades sin llegar a la violencia. Reforzar reglas de convivencia (“mirá lo que le pasó a fulano por no respetar…”).
Tanto la sociología como la psicología social muestran que el chisme no es sólo “hablar mal de alguien”:

• Transmite datos sobre quién cumple o no las normas del grupo, quién coopera, quién abusa, etc.
• Genera placer, rompe el tedio y conforma una emoción compartida (indignación, sorpresa, risa).
• Contar y recibir chismes crea sensación de complicidad: “si me contás esto, es porque estamos del mismo lado”.
• Muchas investigaciones lo describen como mecanismo informal de sanción: saber que “si hago X, van a hablar de mí” modera conductas.
• En organizaciones y grupos jerárquicos, sirve para negociar estatus, hacer alianzas, debilitar rivales o defenderse del abuso.

Metaanálisis recientes resumen el chisme en tres grandes funciones: información, influencia y vínculo. Pero ¿por qué nos gusta tanto hablar de los demás?
La mirada de los otros nos importa, y a la vez hablar de otros nos ubica a nosotros mismos; comparamos nuestro comportamiento con el de los demás (autoestima, identidad). Nos da pertenencia; sentir que tenemos “información privilegiada” nos incluye en un círculo.
Dispara una recompensa: recibir novedad social activa sistemas de placer en el cerebro (curiosidad, dopamina).
Y a la vez nos ahorra riesgos: aprendemos por observación (“no hagas lo que hizo tal persona, mirá cómo terminó”).
En términos evolutivos, el chisme es una “App de gestión social”; ligera, barata y siempre abierta en segundo plano.

El chisme nos previene
Quitando de lado que un chisme puede ser injusto o cruel, en su versión “funcional” puede prevenirnos sobre personas poco confiables (estafadores, violentos, abusadores). Nos avisa sobre peligros sociales: grupos tóxicos, jefes abusivos, espacios inseguros. Asimismo, señala límites normativos: lo que “no se hace” en esa comunidad.
Mucho antes de la escritura, la información circulaba por oralidad: relatos, chismes, rumores, mitos. Y no pocos autores han considerado al chisme como proto-medio de comunicación masiva: una “red social analógica” donde la noticia se expandía de persona en persona.
Harari habla del chisme como la “tecnología” que permitió coordinar a grupos grandes, algo que hoy hacen los medios y las redes.
El filósofo británico Emrys Westacott argumenta que incluso prácticas como el chisme (o la grosería) —analizadas en The Virtues of Our Vices— pueden cumplir funciones sociales positivas, lo que invita a revisar nuestras ideas sobre “lo negativo” en la comunicación humana.
Asimismo, desde la perspectiva de género se ha visto al chisme como una forma de cultura femenina y de resistencia en contextos donde las mujeres tenían pocos canales formales de expresión.

Fama/Pheme: la diosa del rumor
Los griegos personificaron el rumor y el chisme en la diosa Pheme (Φήμη), “la que hace circular la palabra”.
Un susurro que crece hasta volverse clamor; podía traer fama o escándalo, según a quién favoreciera. Es un modo de reconocer que la palabra que corre sola tiene un poder casi divino. Úsese con precaución.

¿Hay algo para cambiar en el territorio público? ¿Vale la pena accionar en el ámbito de la política? Posiblemente sí, siempre y cuando incluyamos los cambios personales y recuperemos la capacidad de amar al prójimo. El “prójimo” es alguien muy cercano. Es nuestro animalito. Es nuestro hermano. Es nuestro compañero de oficina. Es nuestro hijo. Es nuestra ex suegra.  Pero ¿hay que llevarse bien con todo el mundo? No, sería estúpido pretenderlo. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es comprendernos y compadecernos del niño que hemos sido. Entonces podremos comprender y compadecer incluso a quienes nos hacen daño, a quienes hoy no nos cuidan, a quienes nos maltratan en la actualidad sin darse cuenta.
Si no asumimos individualmente la responsabilidad de comprendernos y comprender al prójimo, no habrá cambio posible. No hay movimiento político ni régimen gubernamental que haya demostrado jamás, que la solidaridad pueda instalarse de manera sistemática entre los seres humanos a nivel colectivo.  No hay cambio político posible si creemos que se trata de pelear contra nuestros contrincantes. Eso no tiene nada que ver con un posible orden amoroso a favor de las comunidades. Las luchas políticas no le sirven a nadie, salvo a quien necesite alimentarse de alguna batalla puntual o a quienes anhelan detentar más poder para salvarse.
Entiendo que a todos nos interesa aportar un granito de arena a favor de un mundo más amable y ecológico, más solidario e igualitario, más interesado en elevarnos espiritual, intelectual y creativamente. Para ello, tenemos que comprender que las luchas personales sólo fueron recursos de supervivencia en el pasado, pero que hoy no tienen razón de ser si las comprendemos dentro del contexto de nuestras experiencias de desamparo.
Estoy convencida que las revoluciones históricas se gestan y se amasan adentro de cada relación amorosa. Entre un hombre y una mujer. Entre un adulto y un niño. Entre dos hombres o entre cinco mujeres. En ruedas de amigos. En el seno de familias solidarias. Si no conocemos ninguna, es hora de ponernos esa responsabilidad al hombro. Esta es la ocasión perfecta para detectar los mecanismos de supervivencia que han sido imprescindibles cuando fuimos niños, pero que ahora se han convertido en un refugio caduco. Es momento de utilizar las herramientas con las que sí contamos, comprendiendo y agradeciendo aquello que hemos sabido hacer en el pasado. Ya está. Es tiempo de madurar. Hoy tenemos la obligación de ofrecer nuestras habilidades, nuestra inteligencia emocional y nuestra generosidad al mundo, que tanta falta le hace.

Laura Gutman

Reconocimiento jurídico y obstáculos para su efectivización

El derecho a la salud constituye uno de los pilares fundamentales del sistema de derechos humanos y resulta inseparable del respeto a la dignidad de la persona humana. No se trata únicamente del acceso a prestaciones médicas, sino de la garantía de condiciones de vida que permitan a cada individuo desarrollar su proyecto vital con autonomía, bienestar y seguridad. En el caso particular de las personas con discapacidad, este derecho adquiere una dimensión aún más relevante, en tanto se vincula directamente con la posibilidad de compensar desigualdades estructurales que históricamente han colocado a este colectivo en situaciones de vulnerabilidad. Desde una concepción jurídica moderna, la discapacidad debe entenderse como el resultado de la interacción entre una persona y un entorno que no siempre se encuentra preparado para brindar respuestas adecuadas.
La República Argentina ha reconocido, tanto a nivel constitucional como infraconstitucional, un amplio marco de protección en favor de las personas con discapacidad. A través de la incorporación de tratados internacionales con jerarquía constitucional, la sanción de leyes específicas y el desarrollo de un sistema de prestaciones básicas, el ordenamiento jurídico ha adoptado un enfoque que busca garantizar el acceso integral a la salud. Sin embargo, la experiencia cotidiana demuestra que la vigencia efectiva de estos derechos enfrenta serias dificultades. Retrasos en la autorización de tratamientos, obstáculos administrativos, cobertura insuficiente de prestaciones y la necesidad recurrente de recurrir a la vía judicial evidencian una distancia preocupante entre el reconocimiento normativo y su realización práctica. La imposibilidad de ejercer este derecho en condiciones reales no sólo genera consecuencias sanitarias, sino también sociales y económicas, afectando directamente la calidad de vida, la inclusión y la autonomía personal. 
Así, el derecho a la salud no puede analizarse de manera aislada, sino en conexión con otros derechos fundamentales, como el derecho a la educación, al trabajo y a la vida digna.

Marco jurídico, garantías y derechos
La Constitución Nacional garantiza implícitamente el derecho a la salud a través del art. 42 y del art. 75 inc. 22, que incorpora tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 26.378 y Ley 27.044) reconoce a las personas como sujetos plenos de derechos y obliga a los Estados a garantizar el acceso equitativo a servicios de salud adecuados, accesibles y sin discriminación. La Ley 24.901 crea el sistema de prestaciones básicas obligatorias para obras sociales, prepagas y el Estado. La Ley 22.431 promueve la igualdad real de oportunidades. A ello se suma la Ley 26.689 para personas con enfermedades poco frecuentes. La jurisprudencia consolidada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reafirmado el carácter fundamental del derecho a la salud, considerando inadmisibles las restricciones presupuestarias como excusa para su incumplimiento y afirmando el principio de no regresividad.

La brecha entre norma y realidad
Las barreras administrativas siguen siendo uno de los principales obstáculos: trámites prolongados, demoras injustificadas y fragmentación de competencias afectan de manera directa el acceso a derechos básicos. A ello se suman negativas arbitrarias por parte de obras sociales y empresas de medicina prepaga, que obligan a judicializar situaciones que deberían resolverse en sede administrativa.

La desigualdad territorial es otro factor determinante: la concentración de servicios especializados en grandes centros urbanos refuerza escenarios de exclusión para quienes residen en zonas alejadas.

El componente económico agrava aún más la situación cuando los sistemas de cobertura fallan, trasladando la carga financiera a las familias. La persistencia de estas prácticas configura un fenómeno de “normalización del incumplimiento”, donde la vulneración de derechos se naturaliza como parte del funcionamiento ordinario del sistema, contrariamente a los estándares constitucionales vigentes. 

Rol del estado y prestadores a la salud y debe adoptar medidas activas para asegurar su efectividad real. 

Las obras sociales y prepagas, aunque privadas, cumplen una función social y no pueden ampararse en criterios administrativos o financieros para incumplir obligaciones legales. La falta de controles eficaces fomenta el incumplimiento sistemático, mientras que la fragmentación del sistema sanitario produce derivaciones de responsabilidad y desprotección. Asimismo, la ausencia de protocolos claros y de instancias administrativas resolutivas genera un escenario donde el acceso al derecho se vuelve lento, incierto y dependiente del litigio judicial, lo que profundiza desigualdades estructurales.

Desafíos y propuestas
Resulta imprescindible avanzar hacia la simplificación de los procedimientos administrativos, el fortalecimiento del control estatal, la capacitación institucional obligatoria y la federalización de los servicios de salud. Asimismo, deben generarse mecanismos alternativos de resolución de conflictos que eviten la judicialización como regla. La participación activa de las personas con discapacidad en el diseño de políticas públicas aparece como un elemento imprescindible de legitimidad. El tratamiento de la discapacidad debe concebirse desde una perspectiva integral, que abarque no solo la prestación sanitaria, sino también políticas de inclusión social sostenidas en el tiempo.

Consideraciones finales 
La existencia de un marco normativo sólido en materia de discapacidad contrasta con una realidad en la que el goce efectivo del derecho a la salud continúa siendo desigual y, en muchos casos, incierto. La brecha entre la norma y su aplicación práctica no responde a la ausencia de regulación, sino a fallas estructurales en la gestión, el control y la articulación institucional. La judicialización reiterada de reclamos vinculados a prestaciones básicas evidencia que el sistema no está diseñado para garantizar derechos de manera espontánea, sino que muchas veces obliga a las personas a recorrer caminos largos y desgastantes para acceder a lo que la ley ya les reconoce. Este fenómeno no puede interpretarse como una excepción, sino como un síntoma de un modelo que requiere revisión y fortalecimiento.
En este contexto, el rol del Estado resulta insustituible. No solo como regulador normativo, sino como actor activo en la implementación de políticas públicas eficaces, sostenibles y orientadas a resultados concretos. La protección de los derechos de las personas con discapacidad exige una mirada integral que articule salud, inclusión social y accesibilidad, evitando respuestas fragmentadas o meramente declarativas. Garantizar el derecho a la salud implica, en definitiva, garantizar dignidad, igualdad real y oportunidades efectivas de desarrollo personal. El desafío no es ampliar el catálogo de derechos, sino transformar la realidad a través del cumplimiento riguroso de los ya reconocidos. Solo así el derecho dejará de ser una promesa formal para convertirse en una herramienta concreta de justicia social. 

Eje temático: Derechos Humanos Programa de Jóvenes Líderes para la Abogacía – CPACF Proyecto Final 1 I. 

BIBLIOGRAFÍA Constitución de la Nación Argentina. Congreso de la Nación Argentina. (1981). Ley Nº 22.431: Sistema de protección integral de las personas con discapacidad. Congreso de la Nación Argentina. (1997). Ley Nº 24.901: Sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral. Congreso de la Nación Argentina. (2009). Ley Nº 26.378: Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Congreso de la Nación Argentina. (2014). Ley Nº 27.044: Jerarquía constitucional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Naciones Unidas. Corte Suprema de Justicia de la Nación (2000). Asociación Benghalensis y otros c/ Estado Nacional. Corte Suprema de Justicia de la Nación (2004). Campodónico de Beviacqua. Corte Suprema de Justicia de la Nación (2012). Monteserin. Lorenzetti, R. L. (2011). Responsabilidad civil y derechos humanos. Rubinzal-Culzoni. Bidart Campos, G. J. (2006). Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino. Ediar.