Leer la etiqueta que dice “Información nutricional” para el ciudadano común implica un desafío. La funcionalidad de los etiquetados es simplemente informar qué contiene el producto, no busca ser amigable al consumidor o permitirle entender si es saludable o no. Esto en la práctica se ve; un estudio realizado por la FIC (Fundación Interamericana del Corazón) Argentina muestra que los envases de cereales de desayuno, postres y galletitas dulces presentan información contradictoria y confusa para el consumidor. La investigación reflejó que 9 de cada 10 de estos productos tienen bajo valor nutritivo y, en lo que refiere a las técnicas de marketing utilizadas en los envases, demostró que 4 de cada 10 productos de bajo valor nutritivo presentan mensajes de nutrición (“Fuente de vitaminas y minerales”, por ejemplo) y 3 de cada 10 utilizan personajes. Claramente lo que cuenta al momento de compra son los paquetes, los colores, las frases pautadas por el marketing y los personajes ícono de cada producto, no la lista de ingredientes en inglés o en latín del lado inverso del paquete.
Pero existe un sistema, a veces lo vemos en empaquetados extranjeros, el etiquetado frontal, que sí tiene como objetivo que el consumidor sepa si contiene demasiada azúcar, o grasas o si es un producto alto en sodio. De este tipo de rotulados hay varios sistemas, el más efectivo según la Secretaria de Salud Argentina (detallado en un informe a legisladores del 2018) es el rotulado de advertencia como el que aplicó Chile en 2016.
«La ventaja del modelo chileno es la sencillez», afirmó en una entrevista a un diario matutino, el secretario de Salud, Adolfo Rubinstein. «Tiene un octógono negro con la leyenda respectiva. Se está viendo el impacto que genera, aunque solo tiene dos años de implementación. Empieza a disuadir y es un modelo fácilmente entendible y que produce el impacto deseable: que la gente modifique sus hábitos de consumo», explicó el funcionario.
En junio de 2018 los ministerios de Salud de los países del Mercosur se reunieron y firmaron una declaración, la Declaración de Cipam, en la que acordaron impulsar el etiquetado frontal para identificar los productos poco saludables y así instar a disminuir su consumo. Frente a esta propuesta estatal las industrias protestaron ya que consideran que el etiquetado debe ser más «suave» que el modelo chileno, informativo pero no disuasivo. En Chile el sistema rige desde 2016 y las evaluaciones indican que el 68% de las personas cambiaron sus hábitos alimentarios y el 20% de las industrias modificaron sus productos.
¿Cómo funciona? ¿Qué debe rotularse en el frente de los productos?
•Deben rotularse todos los Alimentos Genéticamente modificados (GMO).
•El Ministerio de Salud determina que alimentos deben advertir sobre los contenidos elevados de calorías, grasas, azúcares, sal u otros ingredientes que el reglamento determine.
•Este alimento deberá rotular «Alto en…» y completar con el ingrediente correspondiente.
•La publicidad de dichos artículos no podrá dirigirse a menores de 14 años.
•Para promocionar no podrán estar acompañados de productos, juguetes u similares.
Estas medidas surgen ante los alarmantes números que delatan una epidemia mundial en escolares con sobrepeso u obesidad. Y las entidades internacionales que buscan promover el cuidado de la salud a nivel mundial nos han llamado la atención en repetidas ocasiones:
Un informe de la OMS del 2010 muestra que Argentina tiene el mayor porcentaje de obesidad infantil en niños y niñas menores de 5 años de toda América Latina con un 7,8%, en escolares (5 a 11 años) es del 18,0% al 39,9 % y en adolescentes (12 a 19 años) es del 16,6% al 35,8%.
Nosotros, ultra procesados
No contamos con rotulados que respondan a los estándares recomendados y la ONU llamó la atención al país ante esto, ya que somos a la vez, el mayor consumidor de productos ultraprocesados de la región. Maureen Birmingham, representante de la OPS/OMS en la Argentina, señaló que “con toda la evidencia existente sobre el daño que causa el consumo excesivo de azúcar, en Argentina no es obligatorio para la industria declarar la cantidad de azúcar agregada que posee el alimento procesado. Así, el consumidor no está accediendo a esa información y por tanto no puede ejercer su pleno derecho”.
No es suficiente esperar que los sectores privados decidan cambiar la fórmula de lo que hace años funciona. Está claro que todo lo que tenga más azúcar, grasa y exaltadores de sabor va a atraer mucho más. El azúcar y la sal, sobre todo. La industria aprovecha que determinados aditivos están permitidos, como el glutamato, y lo usa porque sabe que la gente va a comer más.
El sector privado no puede autorregularse, tenemos por delante una epidemia que afecta a todas las edades y las políticas públicas garantizan el derecho a esa información nutricional clara y libre de trucos de marketing. Chile vuelve a ser el ejemplo de una política pública simple y efectiva: el consumo de bebidas azucaradas disminuyo de 2014 a 2018 en un 21,6% en este país. En 2014 Michelle Bachelet incluyo, en la reforma tributaria para financiar el programa de gratuidad universitaria, un impuesto a las bebidas que superaran una determinada concentración de azúcar (6,25 o más gramos por cada 100 mililitros), el impuesto es de un 18% y las que menos tienen poseen un impuesto del 10%. Antes, todas por igual pagaban un 13%. Pese a que no fue un impuesto muy alto modificó el consumo y demostró que es un tipo de política efectiva y además es importante considerar que no solo modificó el consumo sino que también tuvo efecto en la industria: en 2017 la filial chilena de Coca Cola anunció una rebaja en los contenidos de azúcar de Sprite y Fanta que quedaron con 4,9 gr por cada 100 mililitros. Cuando entra en la balanza la salud pública y la ganancia para una empresa no podemos esperar que el sector privado se autorregule, puede que suceda en casos aislados pero quien debe garantizar que la información nutricional sea clara y que la salud pública sea resguardada lo mejor posible es el Estado. Sea implementando rotulados a los alimentos, impulsando la producción orgánica u otras medidas que cuidan los intereses a corto y largo plazo de la población argentina y del mundo.
Catalina Llarín – CONVIVIR
