Un cambio de paradigma en el cuidado ambiental de la Ciudad
En la Legislatura Porteña, se votó un proyecto de Ley enviado por el Poder Ejecutivo sobre la gestión ambiental de pilas en desuso.
A esta Ley se le incorporaron aportes sustanciales de otro proyecto del diputado Claudio Heredia acompañado por María Rosa Muiños, Silvia Gottero y Santiago Roberto, todos integrantes del Bloque Peronista, que se encontraba en la Comisión de Ambiente desde marzo 2017. Esa iniciativa contemplaba que las pilas usadas fueran incorporadas a la Ley 2214 como Residuos peligrosos.
Este punto resultó fundamental para el avance del proyecto en comisiones principalmente porque hace pocas semanas se votó la modificación de la Ley de Basura Cero la cual permite el sistema de termo valorización o incineración de residuos. Era imprescindible, entonces, que las pilas en desuso fueran categorizadas como Residuo Peligroso y de esta manera se evitara que en su disposición final sean quemadas o enterradas. Vale destacar que se entiende por “residuos sólidos urbanos sujetos a manejo especial” a aquellos que “por su tamaño, volumen, cantidad y/o sus potenciales características de peligrosidad, nocividad o toxicidad, deben sujetarse a un Plan de Gestión Ambiental diferenciado del resto de los residuos sólidos urbanos”.
“Para nuestro Bloque era esencial marcar esta diferencia con el proyecto del Ejecutivo para que bajo ninguna circunstancia las pilas terminen siendo incineradas o se obstaculice el proceso en una etapa de reciclado. Al ser catalogadas como residuo peligroso en su disposición final garantizamos el tratamiento adecuado en todas sus etapas, tal cual ya lo había recomendado el informe de la Defensoría de la Ciudad realizado en 2016”, amplió el diputado Heredia y agregó: “Cuando este año entró el proyecto del Ejecutivo consideramos que era necesario tomarse el tiempo para enriquecerlo dado que nuestra propuesta era perfectible. Por eso escuchamos todos los aportes y modificaciones. Sabemos que con esta Ley estamos dando el puntapié inicial de un cambio de paradigma en la política ambiental de la Ciudad y colaborando en definitiva a una ciudad más saludable y menos contaminada para nuestros hijos e hijas”, expresó.
El primer informe del Observatorio Ambiental de la Defensoría del Pueblo creado en el marco de la Subsecretaría de Derechos Urbanos, Espacio Público y Medio Ambiente, se refiere al tratamiento de pilas y baterías usadas en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, por considerarlas desechos peligrosos y contaminantes. Según indica la publicación, la experiencia real muestra que, en la ciudad, la mayor parte de las pilas y baterías usadas se disponen en la basura domiciliaria, lo cual significa que terminan en los rellenos sanitarios. Estos rellenos no deberían admitir desechos peligrosos, pero las pilas descartadas, mezcladas con la basura, logran ingresar a ellos debido a su pequeño tamaño. El mencionado circuito hace posible que los componentes tóxicos de las pilas se derramen y contaminen aguas superficiales y subterráneas.
La pila es un dispositivo que convierte energía química en energía eléctrica por un proceso químico transitorio. Más de 500 millones de pilas se descartan al año en Argentina, algo así como diez pilas por persona. El informe del Observatorio Ambiental sostiene que ante la falta de estadísticas sistemáticas, provisoriamente se estima que el consumo de pilas en la ciudad de Buenos Aires sería de unos 40 millones de unidades al año. Ante el incesante aumento de dispositivos portátiles y electrodomésticos en general la ciudad sufre un sensible crecimiento de los residuos electrónicos, incluyendo pilas y baterías usadas. La ausencia de gestión de sus residuos representa una amenaza, sobre todo en un país en el que no existen aún tecnologías para su tratamiento. Sus residuos contienen más de mil sustancias diferentes, muchas de ellas tóxicas. Y a pesar de conocerse su peligrosidad, hasta el momento fue tratado como cualquier otro residuo doméstico.
Otros de los puntos incorporados en la Ley aprobada refieren a las funciones que desarrollará la Autoridad de aplicación de la Ley. Nuestra propuesta sumó a la fiscalización que llevará adelante la Agencia de Protección Ambiental (APRA) a los productores, importadores, distribuidores e intermediarios, es decir amplió el control a toda la cadena de comercialización ya que el proyecto del Ejecutivo contemplaba el control sobre el comerciante exclusivamente. Todos ellos deberán adecuarse al Plan de Gestión Ambiental, diferenciar pilas y baterías del resto de los residuos urbanos y someterse a programas y planes de manejo aprobados por dicha Autoridad de Aplicación. Por su parte el Estado, deberá asegurarse y controlar que el plan se cumpla y la sociedad deberá tomar conciencia de su utilización y descarte.
La Ley alcanzó un consenso prácticamente unánime y fue aprobada por 53 votos afirmativos de los 55 diputados presentes.
“Hoy estamos legislando sobre un tema que los porteños reclamaban y demandaban, estamos cuidando su salud y el ambiente y asignándole al Estado el rol fundamental de controlador para que el espíritu de esta Ley se mantenga intacto”, cerró el diputado Heredia
